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El pasado 21 de enero de 2017 se publicó el Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo para facilitar la solución de controversias entre los consumidores y las entidades bancarias en relación a estas famosas cláusulas. Tras...
¿Has pagado gastos por la constitución y formalización de tu hipoteca? Ahora puedes reclamárselos a tu banco:
Multitud de juzgados y tribunales están dictando sentencias obligando a los bancos a devolver a sus clientes los gastos de formalización de las hipotecas. Estas sentencias siguen el criterio que estableció el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, en la que declaró abusivas las cláusulas que imponen al cliente todos los gastos de formalización de hipotecas, como, por ejemplo:
En concreto, la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia 705/2015, declaró que son nulas las cláusulas que “imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco, como sucede en determinados hechos imponibles del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados”.La Sentencia establece que este tipo de cláusulas generan un desequilibrio y, por tanto, se consideran abusivas de acuerdo con el artículo 89 de la Ley 1/2007, de 16 de noviembre, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Según el criterio del Alto Tribunal, estos gastos deberían ser asumidos por los bancos en su totalidad o, al menos, la mitad, porque son estas entidades las interesadas en registrar la escritura hipotecaria.
La cantidad de esos gastos es variable, pues depende del importe de la hipoteca, si bien normalmente suelen representar entre el 2% y el 3% del importe del préstamo. A modo de ejemplo, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en una hipoteca media de 150.000 Euros, estos gastos de notario, registro e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados pueden ascender a más de 3.000 Euros.
¿Quién puede reclamar la devolución de los gastos?
El pasado 12 de enero de 2016 entró en vigor la Directiva europea 2015/2366, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE.
La nueva Directiva, conocida como PSD2 por sus siglas en inglés (Payment Services Directive) concede a los Estados miembros un periodo de dos años, es decir, hasta el 13 de enero de 2018, para transponer la directiva en sus ordenamientos jurídicos internos.
La PSD2 busca alcanzar un objetivo triple:
En orden a alcanzar estos objetivos, la PSD2 introduce una serie de cambios significativos.
Inclusión de los proveedores de servicios de pago terceros: SIP y SIC.
Como novedad principal, la PSD2 incluye dentro de su ámbito de aplicación a los llamados proveedores de servicios de pago terceros (Third Party Payment Service Providers o TPP), que ofrecen servicios de información de cuentas (SIC) y servicios de iniciación de pagos (SIP).
La Inspección de trabajo viene desarrollando una intensa campaña de control del cumplimiento de la jornada laboral de los trabajadores en la empresa. Durante la misma se está haciendo especial hincapié en la situación de los trabajadores a tiempo parcial, así como en la existencia...
El pasado 29 de julio se hizo pública la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional (Sentencia 140/2016, de 21 de julio) que declara la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas judiciales para las personas jurídicas previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La sentencia resuelve el recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra determinados preceptos de la citada ley.
El Constitucional aclara en su sentencia que, aunque la doctrina emanada posee validez general, el pronunciamiento afecta exclusivamente a las personas jurídicas (es decir, cualquier empresa), dado que las personas físicas estaban ya exentas de pago desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero.
El motivo de la inconstitucionalidad de las tasas hace referencia a su excesiva cuantía, entendiéndose que resultan desproporcionadas y pueden producir un efecto disuasorio a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia en el ejercicio de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
– ¿Esta Sentencia afecta a todas las tasas judiciales de las personas jurídicas?
La Sentencia no declara nulas todas las tasas judiciales que afectan a las personas jurídicas, sino determinadas tasas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley 10/2012.
En concreto declara inconstitucionales y nulas las tasa referidas en el orden jurisdiccional civil a los: recursos de apelación, casación y extraordinario por infracción procesal; en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: procedimiento abreviado y ordinario, así como los recursos de apelación y casación; y en el orden social: recursos de suplicación y casación; además de las cuotas variables.
No obstante, se mantienen las tasas de cuantía fija previstas para las personas jurídicas en el orden jurisdiccional civil en los supuestos de juicio verbal y cambiario, juicio ordinario, juicio monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal, ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales, y en el caso del concurso necesario, sin perjuicio de las exenciones objetivas establecidas en el artículo 4 de la misma ley.
– ¿Es posible solicitar la devolución de las tasas ya pagadas?
La sentencia dictada por el TS analiza, conforme lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal , los requisitos que el Alto Tribunal ha tenido en cuenta a la hora de dictaminar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En primer lugar el TS...
A propósito de la Circular 1/2016 publicada por la Fiscalía General del Estado el pasado 22 de enero de 2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en Letslaw queremos destacar la importancia del “compliance” para las empresas, incluidas aquellas relacionadas con el ámbito de Internet.
En concreto, la Circular publicada por la Fiscalía analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal de julio de 2015, y facilita unas directrices para valorar la eficacia de los planes de compliance o cumplimiento normativo que deben seguir las empresas, principalmente en el ámbito fiscal.
De esta Circular se extrae la relevancia de los planes de compliance, que son planes o sistemas tendentes a evitar que se cometan delitos en el seno de la empresa. La importancia de estos planes de compliance radica en que están consagrados en el Código Penal como una eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, el incumplimiento de estos planes puede conllevar la responsabilidad penal de una persona jurídica.
Por tanto, los planes de compliance deben tenerse muy en cuenta por parte de cualquier empresa, pero no solo en el ámbito fiscal sino también en el de las nuevas tecnologías.
En este sentido, la reforma del Código Penal de julio de 2015 contempla numerosos delitos en relación con el mundo digital de los que puede ser responsable penalmente cualquier persona jurídica (que ya explicamos con detalle en nuestro artículo): Estafas, intrusiones y daños informáticos, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, “black hacking”, falsificación de tarjetas de crédito, así como otras vulneraciones de derechos relacionados con la privacidad y la protección de los datos de carácter personal.
Cualquier empresa puede ser considerada responsable penalmente por este tipo de delitos que se hubieran cometido en el seno de la misma, lo que podría dar lugar tanto a la imposición de cuantiosas sanciones penales como incluso a la disolución de la empresa o la suspensión de sus actividades.
No obstante, conforme al artículo 31 bis del Código Penal, se podrá excluir la responsabilidad penal de la empresa siempre y cuando se hubieran establecido determinados modelos de organización y gestión en la empresa, que incluyan medidas de vigilancia y control para prevenir la comisión de estos delitos. Estos modelos es lo que conocemos como “planes de compliance”.
Desde Letslaw detallamos las principales medidas de compliance que son recomendables para todas las empresas, y sobre todo aquellas que desarrollan su actividad online, para evitar incurrir en una responsabilidad penal:
1. Tomar medidas de protección de datos de carácter personal. Teniendo en cuenta que la mayoría de los delitos contemplados en el mundo online guardan una estrecha relación con la privacidad y la protección de los datos de carácter personal, deberá cumplirse rigurosamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento de desarrollo y establecer un sistema de gestión de la seguridad de la información.
El pasado 7 de octubre entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que introduce diversas novedades como la supresión del uso del papel en los Juzgados, implantando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes trámites y procesos judiciales.
Desde Letslaw, os resumimos las modificaciones más relevantes que trae esta reforma:
La reforma pretende que la comunicación electrónica sea la forma habitual de actuar en la Administración de Justicia.
Por ello, a partir del 1 de enero de 2016 entrarán en vigor las disposiciones que obligarán a todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, a utilizar exclusivamente sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación procesal, en todos los órdenes jurisdiccionales.
La presentación de escritos y documentos por medios telemáticos se podrá hacer todos los días del año, durante las veinticuatro horas, aplicándose el mismo régimen para los escritos perentorios, con independencia del sistema utilizado de presentación.
En cuanto a los ciudadanos interesados que no sean profesionales de la justicia, también se verán obligados al uso de dichos sistemas telemáticos, pero a partir del 1 de enero de 2017. Se establece expresamente que los actos de comunicación se podrán realizar en la dirección electrónica habilitada por el destinatario o por medio de otro sistema telemático, a partir del 2017.
Así, los jueces podrán emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para localizar a los demandados. De esta forma, se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones que hasta ahora se recibían en papel y también se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.
En materia de representación, se incluyen nuevos medios para el otorgamiento del apoderamiento apud acta mediante comparecencia electrónica, mediante su inscripción en el archivo electrónico de apoderamientos apud acta que se creará al efecto y que entrará en vigor en 2017.
En relación al proceso monitorio, y con el objetivo de garantizar al consumidor una protección efectiva de sus intereses, el juez verificará la existencia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores o usuarios. Podrá, por este motivo, declarar de oficio el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.
Este Proyecto de Ley introduce un conjunto de medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia en la actividad de la Administración de Justicia, así como en la relación de ésta con los operadores jurídicos y los ciudadanos, a través de la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Los avances en el desarrollo de sistemas y aplicaciones tecnológicas orientadas a alcanzar una Administración de Justicia digital van a permitir establecer, entre otras medidas, la posibilidad de que determinados colectivos resulten obligados a utilizar medios electrónicos en la realización de los actos de comunicación.
Los datos de correo electrónico y de número de teléfono podrán ser utilizados para la localización del demandado. Se realizarán los actos de comunicación a través del Servicio de Dirección Electrónica Habilitada para los colectivos que resulten obligados y para aquellos otros ciudadanos que, sin estarlo, opten por dicho sistema. De esta forma, se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones de la Administración que hasta ahora se reciben en papel. Además, se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.
En relación a los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios de forma que pueda garantizarse el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
En cuanto a la presentación de escritos y documentos, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán también obligados a emplear los medios electrónicos existentes en la Administración de Justicia para realizar esta actividad. Para hacerlo efectivo, la Administración competente deberá de habilitar los medios técnicos necesarios antes de dicha fecha.
El pasado 24 de diciembre entró en vigor la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, con el objetivo de, tal y como explica la exposición de motivos, velar por el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno y administración de las empresas españolas, reforzando el control interno y la responsabilidad corporativa de las empresas y mejorar la confianza y transparencia para los accionistas e inversores nacionales y extranjeros.
Las principales modificaciones que plantea la nueva Ley 31/2014 se centran, por un lado, en la junta general (incluyendo cambios sobre los derechos de los accionistas) y por otro, en el órgano de administración de las sociedades de capital. En particular, los principales cambios que se introducen son los siguientes:
Se amplían sus competencias en relación con operaciones relevantes con consecuencias semejantes a las de una operación estructural, atribuyendo a la Junta General la decisión que antes correspondía al Órgano de Administración de autorizar las adquisiciones, enajenaciones o aportación a otra sociedad de activos esenciales (que superen el 25% del total de activos del balance).
Se extiende a la sociedad anónima (y también a la cotizada) la posibilidad de que la Junta de instrucciones de gestión al órgano de administración o se someta a su autorización la adopción de acuerdos sobre determinados asuntos de gestión, salvo disposición contraria de los estatutos.
Hace escasamente dos semanas la Audiencia Nacional confirmaba la petición de la “Comisión Sinde” de retirada de contenidos protegidos por propiedad intelectual del sitio Web Goear.com, tras el Recurso Contencioso-Administrativo planteado por la empresa PC IRUDIA, S.L., titular del site Goear.com
Esta resolución de la Audiencia Nacional mantiene la línea de las sentencias para los casos Elitetorrent y Multiestrenos, y respalda la decisión de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, por la que se ordenaba la retirada de 10 canciones de varios artistas del panorama nacional e internacional para la salvaguardia de los derechos de propiedad de sus obras.
Por su parte, los responsables de Goear.com han anunciado que agotarán todas las vías judiciales y recurrirán la sentencia de la Audiencia Nacional frente al Tribunal Supremo.
¿Cuáles son los argumentos sostiene la Audiencia Nacional?
Un eje vertebral de la argumentación seguida por la Audiencia Nacional en este tipo de casos es la implicación directa de los sitios web respecto a las infracciones de propiedad intelectual cometidas.
El pasado 13 de junio de 2014 entró en vigor la Ley 3/2014, de 27 de marzo, que modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, LGDCU), principalmente en materia de contratación a distancia (incluyendo el comercio electrónico –contratación online- y la contratación telefónica) y de contratos celebrados fuera del establecimiento del empresario.
Esta ley se adapta a la normativa comunitaria y su principal objetivo es reforzar la seguridad jurídica de los consumidores y usuarios en operaciones de contratación a distancia, teniendo en cuenta el crecimiento cada vez más acelerado de estas formas de comercio durante los últimos años en España.
Con esta reforma se exige a los empresarios el deber de facilitar al consumidor cierta información de manera previa a la contratación a distancia, durante la misma y también una vez finalizada dicha contratación, de manera que el consumidor pueda estar informado en todo momento de las condiciones de compra y del producto o servicio que va a adquirir.
A continuación, desde Letslaw os detallamos de forma sintetizada las principales novedades introducidas con esta reforma y que afectan a gran cantidad de empresas, como es el caso de las empresas de comercio electrónico o e-commerce, venta a distancia o telefónica (puedes acceder al texto íntegro de la reforma aquí):
Tras aprobarse el polémico proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, ya comentado por Letslaw en nuestro post de 20 de febrero de 2014, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido el 21 de mayo de 2014 un...
El pasado 24 de mayo, la vicepresidenta del Gobierno presentaba la Ley de Apoyo a los Emprendedores, también conocida como “Ley de emprendedores”. Te contamos los puntos clave de la nueva normativa y todo lo que tienes que saber sobre la fiscalidad y el apoyo...
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