Noticias y artículos sobre Derecho Mercantil

Que durante la vida de una empresa, esta, al incrementar sus beneficios, decida repartir dividendos, es algo normal en el mundo de los negocios. En este sentido, la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “LSC”) dedica el Capítulo V del Título VII a regular el procedimiento de aprobación de cuentas anuales y distribución del resultado, en aras de repartir dividendos a los socios, en función de sus respectivas aportaciones al Capital Social.

No obstante, existe otro tipo de dividendo que puede ser distribuido en un momento temporal distinto al de la aprobación de las Cuentas Anuales,

Afortunadamente, la tendencia legislativa se dirige a la flexibilización y agilización de la normativa que regula la adopción de acuerdos sociales. Aunque de manera muy lenta, el legislador procura, con mayor o menor éxito, que los solemnes formalismos que deben llevar a cabo las sociedades, en especial las limitadas por su naturaleza, sean cada vez más sencillos.

En muchas ocasiones, la pasividad legislativa conduce a que las empresas tengan que soportar tediosos procedimientos para adoptar acuerdos cuya transcendencia no es siquiera crucial en su día a día. Por ello, en dicho contexto se ha venido demandando la posibilidad de celebrar la junta por escrito y sin sesión en las sociedades limitadas (SL),

El 5 de octubre se publicó el nuevo Real Decreto-Ley 15/2018 de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Un resumen de los puntos más relevantes de la norma es que adopta medidas para acelerar la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables.

Entre las más importantes está la que elimina el denominado “impuesto al sol”, reconociendo con ello el autoconsumo compartido y flexibilizando la actividad de recarga de vehículos eléctricos.

Además, se pasa a incrementar la protección de los consumidores con medidas que permitirán ajustar mejor la tarifa al consumo,

Acudir a despachos de propiedad industrial es imprescindible si buscas un asesoramiento adecuado para tu empresa. Hoy en día, el éxito de un negocio, consolidación en el mercado y el interés de futuros inversores por invertir en una empresa dependen, en gran medida, de la adecuada protección de los activos clave del negocio, algunos de los cuales respaldan además ventajas competitivas de la empresa.

Los derechos de propiedad industrial son las herramientas jurídicas para la protección de estos activos y su explotación eficiente.

¿Qué es la propiedad industrial?

La propiedad industrial,

El pasado el domingo 16 de junio entró en vigor la nueva Ley 5/2019, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, incorporando con retraso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014. De este modo se pretende potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y comprensión de los contratos y de las cláusulas que los componen, así como el justo equilibrio entre las partes.

La nueva legislación afecta tanto a entidades financieras como a prestamistas privados y a intermediarios de crédito inmobiliario que realicen la actividad de manera profesional.

El modelo de “sharing economy” o economía colaborativa ha llegado para quedarse. Los servicios que se han implantado en nuestras ciudades han supuesto un importante cambio en la forma de consumir de la ciudadanía y sobretodo se ha revolucionado el sector servicios elevando la competencia, flexibilidad y variedad.

Plataformas de Sharing economy: intermediarios o proveedores

La Comisión Europea define la economía colaborativa (“sharing economy”) como los modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares.

Por Compliance entendemos un sistema de gestión para adaptar las empresas al cumplimiento de la legislación, lo que también puede comprender la creación de una construcción jurídica mediante políticas, códigos de conducta y la regulación de procesos internos.

¿Qué entendemos por Compliance?

Existen tantos tipos de Compliance, como materias en Derecho. De hecho, el cumplimiento normativo puede comprender una sola materia, como el Compliance Penal (ISO 19600), y también puede extenderse a otras áreas jurídicas, como al ámbito Tributario o al ámbito Laboral de una empresa.

En cualquier caso, el Compliance únicamente afectará a las empresas y su extensión dependerá de las características propias de cada una.

El delito de blanqueo de capitales después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York pasó a ser un ámbito de referencia, ya que la financiación del terrorismo se realizaba a través de supuestos de blanqueo.

¿Qué es el Blanqueo de capitales?

El delito de blanqueo de capitales, también llamado “lavado de dinero” es la actividad que encubre el origen de los fondos conseguidos a través del ejercicio de actividades ilegales como puede ser el tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, malversación pública, etc.

Es decir, el origen del blanqueo de capitales se debe a la existencia del dinero negro que procede de actividades delictivas y evasión fiscal.

En los últimos años, el mercado ha sido testigo del crecimiento exponencial del número de empresas, fruto de una mejora en las condiciones económicas, lo cual ha promovido un panorama óptimo que ha multiplicado el número de emprendedores, nuevos perfiles que desean hacerse un hueco en el mundo empresarial.

En blogs anteriores hablábamos de la importancia que ejercen las rondas de financiación en el futuro de una startup, como factor decisivo en la consolidación de esta. Sin embargo, el control del gasto es junto con la captación de financiación otro de los factores que hay que tener en cuenta.

El pasado 18 de febrero de 2019, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que BlaBlaCar no debe ser considerada una compañía de transporte, sino un prestador de servicios de la sociedad de la información.

El conflicto venía motivado por una demanda interpuesta por la Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS) por la que solicitaba que se declare la deslealtad de las prácticas llevadas a cabo por BLABLACAR en materia de transporte de viajeros y la deslealtad del transporte que realizan los conductores con vehículos particulares sin la licencia necesaria para el transporte de viajeros, a los que intermedia BLABLACAR a través de su aplicación/web,