Noticias y artículos sobre Derecho Mercantil

Para llevar a cabo una compraventa de participaciones de manera adecuada. Cuando uno o varios socios estén interesados en la venta de participaciones sociales, y exista alguien interesado en adquirirlas, el socio transmitente debe tener muy presente una serie de limitaciones y requisitos legales cuyo incumplimiento puede suponer la nulidad de dicha compraventa.

Cómo comprar y vender participaciones

Lo primero que deben tener en cuenta a la hora de transmitir sus participaciones es el contenido de los estatutos sociales. En los estatutos se indicarán los pasos a realizar y las limitaciones existentes para poder ejecutar dicha transmisión.

El pasado 21 de enero de 2017 se publicó el Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo para facilitar la solución de controversias entre los consumidores y las entidades bancarias en relación a estas famosas cláusulas.

Tras este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se prevé un cauce de carácter voluntario y sencillo para el consumidor que permita a los afectados solicitar la restitución de las cantidades pagadas por las cláusulas suelo permitiéndoles llegar a un acuerdo extrajudicial con las entidades de crédito.

¿Has pagado gastos por la constitución y formalización de tu hipoteca? Ahora puedes reclamárselos a tu banco:

Multitud de juzgados y tribunales están dictando sentencias obligando a los bancos a devolver a sus clientes los gastos de formalización de las hipotecas. Estas sentencias siguen el criterio que estableció el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, en la que declaró abusivas las cláusulas que imponen al cliente todos los gastos de formalización de hipotecas, como, por ejemplo:

• Los gastos de Notaría y Registro de la Propiedad;
• Las cantidades pagadas en concepto de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados;

El pasado 12 de enero de 2016 entró en vigor la Directiva europea 2015/2366, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE.

La nueva Directiva, conocida como PSD2 por sus siglas en inglés (Payment Services Directive) concede a los Estados miembros un periodo de dos años, es decir, hasta el 13 de enero de 2018, para transponer la directiva en sus ordenamientos jurídicos internos.

La PSD2 busca alcanzar un objetivo triple:

La Inspección de trabajo viene desarrollando una intensa campaña de control del cumplimiento de la jornada laboral de los trabajadores en la empresa. Durante la misma se está haciendo especial hincapié en la situación de los trabajadores a tiempo parcial, así como en la existencia de instrumentos empresariales con los que poder controlar el desarrollo de la jornada laboral.

El pasado 29 de julio se hizo pública la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional (Sentencia 140/2016, de 21 de julio) que declara la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas judiciales para las personas jurídicas previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La sentencia resuelve el recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra determinados preceptos de la citada ley.

El Constitucional aclara en su sentencia que,

La sentencia dictada por el TS analiza, conforme lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal , los requisitos que el Alto Tribunal ha tenido en cuenta a la hora de dictaminar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En primer lugar el TS señala que, como presupuesto inicial, debe acreditarse la comisión del delito por parte de la persona física integrante de compañía (en el caso que nos ocupa, el TS pudo demostrar que fueron los administradores de hecho y de derecho de las empresas los que cometieron el delito en cuestión).
En primer lugar el TS señala que,

A propósito de la Circular 1/2016 publicada por la Fiscalía General del Estado el pasado 22 de enero de 2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en Letslaw queremos destacar la importancia del “compliance” para las empresas, incluidas aquellas relacionadas con el ámbito de Internet.

En concreto, la Circular publicada por la Fiscalía analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal de julio de 2015, y facilita unas directrices para valorar la eficacia de los planes de compliance o cumplimiento normativo que deben seguir las empresas,

El pasado 7 de octubre entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que introduce diversas novedades como la supresión del uso del papel en los Juzgados, implantando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes trámites y procesos judiciales.

Desde Letslaw, os resumimos las modificaciones más relevantes que trae esta reforma:

1. Tecnologías de la información y de la comunicación

La reforma pretende que la comunicación electrónica sea la forma habitual de actuar en la Administración de Justicia.

Este Proyecto de Ley introduce un conjunto de medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia en la actividad de la Administración de Justicia, así como en la relación de ésta con los operadores jurídicos y los ciudadanos, a través de la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales.

Tecnologías de la información y la comunicación.

Los avances en el desarrollo de sistemas y aplicaciones tecnológicas orientadas a alcanzar una Administración de Justicia digital van a permitir establecer, entre otras medidas, la posibilidad de que determinados colectivos resulten obligados a utilizar medios electrónicos en la realización de los actos de comunicación.