Noticias y artículos sobre Derecho Digital

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha multiplicado y diversificado los medios tanto para la creación y producción como para la explotación de las creaciones. Esta evolución ha generado situaciones y problemáticas novedosas y difícilmente previsibles para el legislador y juristas como la necesidad de contar con una licencia para Press Clipping.

Concretamente, el desarrollo de la sociedad de la información y del periodismo ofrece nuevos servicios que generan nuevas prácticas que no solo derivan en prácticas de competencia desleal, sino que también provocan infracciones de derechos exclusivos de propiedad intelectual, dificultando la protección de los derechos de autor.

En el año 2015 la Unión Europea aprobó la Directiva PSD2, siendo una normativa que actualiza la anterior PSD sobre servicios de pago digitales y cuyo objetivo es facilitar la colaboración entre entidades bancarias y terceras empresas. Con ello se facilitarán los pagos con una mayor seguridad y se regulara el acceso a la información por parte de terceros, siempre con la autorización del usuario.

Novedades introducidas por la PSD2

Las principales novedades que la directiva introducirá se traducen en una unificación de las mejoras técnicas, especificándose de manera más sencilla y unificada qué actividades y servicios se encuentran sujetos a la nueva regulación y cuáles son los métodos válidos para incluir en los sistemas de seguridad.

El contrato de prestación de servicios es el documento que recoge y regula las principales condiciones que regirán las relaciones entre las partes.

En el día a día de la actividad empresarial y profesional es muy habitual que tanto compañías como autónomos precisen contratar los servicios de otros profesionales para poder llevar a cabo su actividad.

Explicamos en qué consiste este tipo de contratos y cuáles son sus características principales.

¿Qué es un contrato de prestación de servicios?

Mediante la firma de este documento se establece las condiciones bajo las cuales una de las partes (profesionista) se compromete a prestar sus servicios en calidad de proveedor a cambio de un precio en el plazo acordado.

El libro segundo del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante LDCU), regulan una serie de garantías en los contratos entre los consumidores y usuarios y el empresario. Concretamente, los Términos y Condiciones, recogen la relación entre el usuario y el propietario del Sitio Web.

En este sentido, los Términos y Condiciones o Condiciones de Uso son el contrato que deben aceptar los usuarios que contraten los servicios o que adquieran productos a través del sitio web.

¿Te interesa saber más sobre el Derecho Digital? Estamos inmersos en un mundo en el que los avances tecnológicos no cesan. El interés por la innovación es constante y cada vez más potente. Nunca antes se habían producido progresos tecnológicos tan potentes y en tan poco tiempo. Estos desarrollos transforman la vida desde el punto de vista económico, social y cultural, donde el Derecho tiene un papel fundamental regulando las relaciones entre los actores de cada esfera implicada.

Los profesionales del Derecho, al igual que el resto de profesionales de otros sectores y de la sociedad en general,

El término Fintech comprende a todas aquellas empresas que utilizan las nuevas tecnologías para ofrecer servicios financieros de una forma más sencilla que los actualmente ofrecidos por los bancos. Este tipo de servicios están poco a poco suponiendo una importante parte de nuestra sociedad, facilitando los servicios bancarios a través de aplicaciones intuitivas y más comprensibles para los usuarios. Sencillez, agilidad y seguridad son las claves de estos nuevos servicios.

¿ Cómo se regula la industria Fintech en Europa?

En un inicio, para regular este nuevo sector, en el año 2007 se aprobó la PSD (Payment Service Providers) una normativa que creó un mercado único de pagos en el espacio económico europeo;

El asunto de la remuneración del consejero delegado de sociedades no cotizadas ha constituido una cuestión que a nivel doctrinal no ha sido ajena a todo tipo de dudas, concretamente en lo que, a la remuneración del Consejero Delegado, o más bien, de los consejeros con funciones ejecutivas se refiere.

¿CÓMO FUNCIONA LA REMUNERACIÓN DE UN CONSEJERO DELEGADO?

Como bien es sabido, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “LSC”), reconoce en su artículo 249 la facultad del Consejo de Administración de proceder a la designación de entre cualquiera de sus miembros de consejeros delegados o comisiones ejecutivas.

El derecho de rectificación en internet ofrece la posibilidad de enmendar cualquier información no veraz publicada sobre ellas. Una de las grandes novedades de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) es la introducción de una segunda regulación dentro del propio texto. En concreto, sobre la Garantía de los Derechos Digitales, modificando el nombre de la LOPD, pasándose a llamar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD).

Uno de los nuevos derechos digitales que recoge dicha normativa es el derecho de rectificación.

La obligación de elaborar el estado de información no financiera para las empresas españolas se ha introducido por medio de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.

El Parlamento Europeo, desde hace ya 6 años por medio de la Directiva 2013/34/UE primero, y posteriormente con la Directiva 2014/95/UE, puso énfasis en que determinadas empresas, presumiblemente por su magnitud, deberían elaborar el denominado estado de información no financiera.

OBJETIVOS DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

El objeto del estado de información no financiera es identificar riesgos, así como mejorar la sostenibilidad e incrementar la confianza tanto de inversores como de consumidores,

En su artículo 17 se regula el derecho al olvido RGPD, también denominado derecho a la supresión de los datos personales (anteriormente denominado derecho de cancelación). Concretamente dicho artículo establece que el responsable del tratamiento estará obligado a suprimir los datos personales del interesado cuando éste desee la supresión de los datos personales que le conciernen.

¿Qué es el derecho de supresión (“derecho al olvido”)?

Según la Agencia Española de Protección de Datos, es la manifestación del derecho de supresión aplicado a los buscadores de internet.