¿Cuándo y cómo debe entrar un inversor en tu startup? Claves legales esenciales

¿Cuándo y cómo debe entrar un inversor en tu startup? Claves legales esenciales

La entrada de un inversor en una startup suele vivirse como un hito positivo. Y lo es. Pero jurídicamente también es uno de los momentos en los que más errores se cometen, muchas veces por precipitación o por asumir que «ya se arreglará en la siguiente ronda».

La realidad es otra: lo que se firme al principio condiciona, y mucho, todo lo que viene después.

¿Cuándo tiene sentido realizar una ronda de ampliación de capital?

No hay una regla cerrada, pero sí una idea bastante clara desde la práctica mercantil.

En fases muy iniciales, cuando todavía no hay métricas sólidas o el producto no está validado, forzar una entrada directa en capital suele implicar una valoración baja y, en consecuencia, una dilución poco eficiente para el fundador. En ese punto, lo habitual, y razonable, es recurrir a instrumentos que permitan posponer la valoración.

Cuando ya existe cierto grado de tracción, ingresos o al menos validación de mercado, la lógica cambia. Ahí sí empieza a tener sentido estructurar la entrada mediante una ampliación de capital con una valoración definida.

Desde el punto de vista de la Ley de Sociedades de Capital, esto no es menor. La entrada de un inversor implica necesariamente una emisión de nuevas participaciones o acciones, con la consiguiente dilución, el juego del derecho de suscripción preferente y, en su caso, su exclusión, con las exigencias formales que ello conlleva.

Dicho de otra manera, no es solo una cuestión estratégica, es una operación societaria con impacto jurídico directo.

Cómo estructurar la entrada: los instrumentos que se están utilizando

Aquí es donde más ha evolucionado la práctica en los últimos años.

La ampliación de capital sigue siendo el mecanismo más ortodoxo. El inversor entra directamente en el capital, se fija una valoración y todo queda formalizado en escritura pública e inscrito en el Registro Mercantil. Seguridad jurídica plena, pero menos flexibilidad.

Frente a eso, los préstamos convertibles se han consolidado como una herramienta muy útil en fases tempranas. Jurídicamente son lo que son, un préstamo conforme al Código Civil, pero con la particularidad de que su devolución se sustituye por la conversión en capital en una ronda futura. Bien estructurados, permiten ganar tiempo y evitar discusiones prematuras sobre valoración. Mal planteados, pueden acabar generando conflictos relevantes, especialmente si no queda claro cuándo y cómo se produce la conversión.

El SAFE, por su parte, merece una mención aparte. Se utiliza cada vez más, pero conviene no perder de vista que es un instrumento importado, sin regulación específica en España. En la práctica, se articula como un acuerdo contractual sujeto a determinadas condiciones, cuya ejecución exigirá necesariamente una ampliación de capital posterior. Aquí el riesgo no está tanto en el concepto como en la ejecución: si no se adapta bien al marco de la LSC, puede dar problemas cuando llegue el momento de convertir.

El pacto de socios: donde de verdad se juega la partida

Más allá del instrumento de entrada, lo que realmente define la relación entre fundador e inversor es el pacto de socios.

Es bastante habitual centrarse en la valoración y pasar por encima del resto. Y, sin embargo, muchas de las tensiones futuras no tienen que ver con el precio, sino con el control.

Algunas cuestiones que conviene mirar con lupa.

El vesting de los fundadores, por ejemplo. Bien planteado, alinea intereses y protege el proyecto. Mal entendido, puede convertirse en un mecanismo de presión.

Los derechos de arrastre y acompañamiento, que son estándar, pero cuya redacción concreta importa mucho más de lo que parece.

Las mayorías reforzadas y los derechos de veto. Aquí es donde se define quién decide realmente en la sociedad. Desde un punto de vista jurídico, son perfectamente válidos al amparo del art. 28 LSC, pero es clave coordinar bien pacto de socios y estatutos si se quiere que sean efectivos frente a la propia sociedad.

Y, por supuesto, las cláusulas anti-dilución. Son habituales, sí, pero no todas son iguales. Algunas, directamente, trasladan casi todo el riesgo al fundador.

El term sheet: no es tan inocuo como parece

Existe cierta tendencia a quitarle importancia al term sheet porque, en teoría, «no es vinculante». Es un error bastante extendido.

Aunque muchas de sus cláusulas no lo sean, en la práctica fija las reglas del juego. Y lo que se acepta ahí es muy difícil de revertir después.

Hay algunas señales de alerta bastante claras:

• Las liquidation preferences excesivas, por ejemplo, que pueden hacer que en una venta el fundador apenas vea retorno aunque el proyecto haya funcionado.
• Los derechos de control desproporcionados, que convierten al inversor en un cogestor de facto.
• Las cláusulas de anti-dilución tipo full ratchet, especialmente agresivas en escenarios de down round.
• O, en el caso de convertibles y SAFE, la falta de precisión en elementos básicos como el cap, el descuento o los eventos de conversión.

También conviene tener cuidado con las exclusividades largas sin un compromiso real por parte del inversor. Bloquean la compañía en un momento en el que precisamente debería estar abierta a explorar alternativas.

Una reflexión final

La entrada de un inversor no es solo una inyección de capital. Es, en esencia, una reconfiguración de la estructura jurídica de la compañía.

Y como suele ocurrir en mercantil, los problemas no aparecen cuando todo va bien, sino cuando las cosas se tuercen o cuando llegan nuevas rondas.

Por eso, más que obsesionarse con la valoración, tiene sentido dedicar tiempo a estructurar bien la operación desde el principio. Porque lo que se firme en esa primera entrada rara vez se queda ahí.