Lo que se pretende con la promulgación de la Directiva Ómnibus es impulsar una mejora global del marco regulatorio del sector servicios, para de esta manera, obtener ganancias de eficiencia, productividad y empleo en aquellos sectores implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.

1.   ¿Qué es la Directiva Ómnibus?

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como la Ley Ómnibus, entró en vigor en España el 27 de diciembre de 2009. Esta Ley modificaba un total de 47 leyes estatales, vigentes en aquel entonces, con el propósito de adaptarse a la Directiva Europea de servicios 123/2006/CE, de 12 de diciembre de 2006, y provocando una reforma estructural considerable respecto a la operativa del sector servicios en España

Además, tiene por objetivo impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pymes en el sector servicios, que representa el 66% del PIB y del empleo en España.

2.   Medidas que incluye

Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros destacan:

  • El Título I recoge medidas o modificaciones que afectan de forma genérica a las actividades de servicios. Se introduce expresamente la figura de comunicación y de declaración responsable y se generaliza el uso del silencio administrativo positivo. También se refuerza la normativa de defensa de consumidores y usuarios y regula lo concerniente a los servicios profesionales y Colegios Profesionales.
  • El Título II adecua la legislación relativa a la seguridad y calidad industrial referente a los servicios en el área de la instalación y mantenimiento de equipos, favoreciendo la reducción de cargas administrativas y de trabas desproporcionadas en el ejercicio de la actividad de las pequeñas y medianas empresas e impulsa la simplificación de trámites.
  • El Título III en lo referente a los Servicios Energéticos, lo que lleva a cabo es eliminar los regímenes de autorización para el ejercicio de las actividades de comercialización y también elimina la obligación de inscripción en el Registro para los comercializadores y consumidores directos en mercado de electricidad y gas natural. Finalmente, se eliminan los requisitos prohibidos sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, de todas las leyes del sector energético.
  • El Título IV en cuanto a los Servicios de transporte y comunicaciones, elimina la intervención administrativa en materia de precios en el sector de los transportes, suprime la autorización administrativa específica para la instalación de estaciones de transporte y de centros de información y distribución de cargas, así como para el acceso y ejercicio de las actividades de arrendamiento de vehículos, que se declara libre.
  • El Título V describe las medidas adoptadas respecto a los denominados Servicios medioambientales y de agricultura. En este sentido, concreta la eliminación de ocho regímenes de autorización, cinco de los cuales se sustituyen por declaración responsable, uno por comunicación y dos se suprimen sin sustituirlos por ningún otro instrumento. Adicionalmente, se eliminan los requisitos prohibidos de carácter discriminatorio, así como limitaciones territoriales y se incluye el principio de concurrencia en la concesión de autorizaciones cuando se hace uso del dominio público.
  • El Título VI especifica las modificaciones llevadas a cabo en diversos sectores de los servicios relacionados con el devengo de las tasas de las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, la distribución e importación de labores del tabaco, las instalaciones de suministro de productos petrolíferos a vehículos en establecimientos comerciales, las entidades de gestión de la propiedad intelectual y los servicios sanitarios.

 

3.  Implicaciones para los derechos de los consumidores

Concretamente y en cuanto a los derechos de los consumidores, con esta Ley se potencia la transparencia comercial para mejorar la protección de los consumidores y se establecen mecanismos sólidos para combatir las prácticas desleales, asegurando la reparación de los daños en caso de que los consumidores sufran alguna incidencia.

Para alcanzar estos objetivos, las medidas adoptadas por la Directiva Ómnibus incluyen:

  • Una mayor transparencia en las transacciones realizadas online;
  • Mayor claridad en las políticas de reducción y establecimiento de precios, obligando al comerciante o tienda online a indicar siempre el precio anterior a la rebaja u oferta;
  • La mejora de la protección de los derechos de los consumidores respecto a los servicios digitales gratuitos como pueden ser las redes sociales, las cuentas de correo electrónico o servicios de almacenamiento en la nube que a pesar de ser gratuitos tienen un gran valor debido a los datos personales que se comparten.
  • Información precontractual para saber de antemano todas las condiciones y características de los productos o servicios;
  • 14 días naturales para ejercitar el derecho de desistimiento;
  • Obligación de los vendedores a facilitar siempre sus datos de contacto para que los usuarios puedan contactarle con facilidad y transparencia.
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Letslaw es una firma de abogados internacionales especializada en el derecho de los negocios.