Por Olaya López y Paula Iun

El Congreso aprueba  la Ley que extiende el ‘copago judicial’  a los particulares.

El Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno extiende el pago de tasas judiciales a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos. En concreto, de acuerdo a este nuevo impuesto, que supone un ‘copago’ judicial, un particular que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que considere injusta, a través del correspondiente pleito contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.350 euros para que éste pueda llegar hasta el Tribunal Supremo.

Hasta la fecha, las tasas sólo se cobraban en los órdenes civil y contencioso y únicamente a empresas o personas jurídicas de una cierta entidad.

Con esta medida, que afecta principalmente al sector jurídico, se pretende “racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y mejorar la financiación del sistema judicial”. De este modo la citada Ley conseguiría ampliar la recaudación a los ciudadanos particulares e incluir a la segunda instancia del orden social en la aplicación del impuesto. Aparte de la cantidad fija que hay que abonar, se establece otra variable de entre el 0,25% y el 0,5% de las cuantías reclamadas en el pleito.

Sólo quedarán exentos del pago las personas con derecho a justicia gratuita, porque su unidad familiar tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 15.960 euros.

Este tipo de tasas funcionará básicamente a través de un justificante de pago que en caso de no ser presentado, el Secretario Judicial no dará curso al escrito hasta que la omisión del justificante no fuera subsanada pero aclarando que la falta de dicha justificación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal.

Asimismo, se ratifica la constitucionalidad de dicha ley basándose en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que “reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la administración de justicia sea soportado  por quienes más se benefician de ella”.

De esta manera, el Gobierno pretende incentivar la resolución de litigios de manera extrajudicial con el fin de ahorrar parte de los costes de la prestación de servicios, en cuyo caso, se  realizará una bonificación de la cuota de dicha tasa.

 

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