Qué es la AIPI y qué recomendaciones establece para los canales de denuncia

Qué es la AIPI y qué recomendaciones establece para los canales de denuncia

Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, los canales de denuncia han pasado a ocupar un lugar importante en los programas de cumplimiento de muchas empresas. Ya no se trata solo de tener un buzón habilitado para recibir comunicaciones internas, sino de implantar un sistema que realmente funcione, proteja al informante y permita gestionar irregularidades con garantía.

En este nuevo marco, la AIPI se ha convertido en una figura clave. Pero ¿qué es exactamente la AIPI y qué tipo de recomendaciones establece?

Qué es la AIPI y por qué es tan importante

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) es el organismo creado en España para proteger a las personas que denuncian irregularidades y reforzar la integridad pública, la prevención del fraude y la corrupción. Además, actúa en coordinación con otras autoridades de control y contribuye a consolidar una cultura de transparencia en el sector público.

En el marco de la Ley 2/2023, la AIPI no solo interviene a través del canal externo de información, sino que también sirve como referencia para el diseño y funcionamiento de los canales internos de denuncia, especialmente en lo relativo a confidencialidad, independencia y protección del informante.

Entre sus principales funciones podemos encontrar:

• Gestión de comunicaciones del canal externo
• Adopción de medidas de protección al informante
• Emisión de recomendaciones
• Tramitación de procedimientos sancionadores
• Colaboración con otros organismos
• Elaboración de informes y memorias estadísticas

La importancia de la AIPI no se centra únicamente en su papel como organismo público, sino que su verdadero valor se encuentra en los criterios claros que establece sobre cómo deben funcionar los sistemas de información. Para las entidades obligadas a implantar estos sistemas, seguir dichos criterios no solo contribuye al cumplimiento normativo, sino que también ayuda a evitar riesgos significativos: un canal mal diseñado puede dar lugar a problemas graves como la exposición de la identidad del informante, investigaciones deficientes, falta de respuesta o conflictos derivados de una gestión inadecuada de la información.

Recomendaciones de la AIPI

La AIPI insiste en que un canal de denuncia no debe quedarse en un simple buzón de comunicaciones, sino integrarse en un Sistema Interno de Información completo, con procedimiento propio, responsable designado y garantías reales de funcionamiento.

Entre las principales recomendaciones, la AIPI insiste en la necesidad de que el canal garantice la confidencialidad no solo de la identidad de la persona informante, sino también del contenido de la comunicación y de cualquier dato que pueda permitir su identificación.

Otro aspecto importante es la accesibilidad del canal. La AIPI recuerda que se debe dar la oportunidad a los informantes de presentar las comunicaciones tanto por escrito como verbalmente, incluyendo llamada telefónica, sistema de mensajería de voz o incluso reunión presencial si así lo solicita la persona informante.

La figura del Responsable del Sistema Interno de Información

La AIPI refuerza el papel del Responsable del Sistema Interno de Información (RSII), al que considera imprescindible para asegurar la independencia y credibilidad del canal. Conforme a la Ley 2/2023, las entidades obligadas a disponer de un canal interno deben designar formalmente a una persona física responsable de su gestión, por lo que la figura del RSII no es algo opcional.

Esa designación no se cumple únicamente con un acuerdo interno: es obligatorio notificar el nombramiento y el cese del RSII a la autoridad competente —ya sea la AIPI o, en su caso, la autoridad autonómica correspondiente— en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el nombramiento o desde el cese.

En la práctica, esta exigencia confirma que el RSII es una pieza central del sistema y que, por tanto, no se trata solo de una buena práctica organizativa, sino de una obligación legal vinculada al correcto funcionamiento del canal de denuncia.