
Protección jurídica de la propiedad intelectual en la industria de los videojuegos
La industria del videojuego representa hoy uno de los sectores más dinámicos e innovadores dentro del ámbito del entretenimiento digital. Con una facturación que supera a la del cine y la música juntos, y un ritmo constante de innovación tecnológica y narrativa, el videojuego se ha consolidado como un producto cultural de alto valor. Sin embargo, este valor solo puede preservarse y potenciarse si se garantiza una adecuada protección jurídica de los activos que lo componen.
En este artículo abordamos, desde una perspectiva legal, los principales aspectos que deben considerarse en materia de derechos de autor, elementos protegibles y relaciones contractuales con los creadores implicados en el desarrollo.
Derechos de autor en la industria de los videojuegos
Los videojuegos son obras complejas que integran software, música, ilustraciones, guiones, personajes, mecánicas interactivas y, en muchos casos, incluso elementos audiovisuales. Desde el punto de vista jurídico, esta naturaleza híbrida hace que puedan ser consideradas como obras multimedia o compuestas, en las que cada parte puede beneficiarse de un régimen de protección diferenciado.
La legislación sobre propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como internacional, reconoce la protección de los videojuegos a través del derecho de autor. Esta protección se activa desde el momento mismo de la creación, sin necesidad de registro, aunque dicho registro —por ejemplo, ante el Registro de la Propiedad Intelectual— resulta especialmente recomendable como medio probatorio en caso de litigio o conflicto sobre la autoría o titularidad.
En este contexto, la persona física o jurídica que ostente la titularidad de los derechos puede ejercer de forma exclusiva las facultades de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación del videojuego, así como de cada uno de los elementos que lo integran. Esta exclusividad permite controlar tanto la explotación comercial como la posible adaptación o desarrollo de productos derivados como mechandising, convirtiendo a la propiedad intelectual en un activo estratégico clave dentro de la industria.
¿Qué elementos de un videojuego pueden protegerse?
El videojuego, como obra multifacética, se compone de elementos que, en función de su naturaleza, pueden ser objeto de diversas figuras jurídicas. En primer lugar, el código fuente y el código objeto del software se encuentran protegidos por el derecho de autor en calidad de obras literarias. Esta categoría incluye no solo las líneas de programación, sino también la estructura lógica del juego y su arquitectura funcional.
A nivel visual, los gráficos, ilustraciones, personajes, escenarios y animaciones se protegen como obras artísticas. Su originalidad es determinante para el reconocimiento de la protección, así como la autoría individual o colectiva en el caso de obras en colaboración. En la misma línea, los elementos musicales, como bandas sonoras o efectos de sonido, se amparan bajo los derechos de autor como obras musicales, requiriendo licencia para su uso, sincronización o reproducción en otros contextos.
Por otro lado, la narrativa del videojuego (guion, diálogos, desarrollo argumental) puede protegerse como obra literaria, otorgando a sus autores los derechos sobre la creación textual.
Más allá del derecho de autor, intervienen también otras figuras de la propiedad industrial. Los nombres comerciales, logotipos, nombres de personajes emblemáticos o títulos del videojuego pueden registrarse como marcas, lo que impide su uso por terceros no autorizados y protege la identidad comercial del producto en el mercado.
En casos donde el desarrollo del videojuego haya implicado soluciones técnicas novedosas o mecánicas originales que cumplan con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, también cabría contemplar la vía de la patente, aunque su aplicación en el sector es más limitada y sujeta a un análisis técnico-jurídico detallado.
No puede pasarse por alto, asimismo, la posibilidad de proteger determinados aspectos del desarrollo como secretos empresariales. Esto incluye algoritmos, fórmulas de monetización o datos internos de análisis, siempre que la información se mantenga en secreto y se hayan implementado medidas razonables para garantizar su confidencialidad.
En definitiva, la protección jurídica del videojuego exige una estrategia integral que combine distintas figuras legales, adaptadas a la realidad creativa y comercial de cada proyecto. Esta labor resulta esencial no solo para proteger los intereses del desarrollador, sino también para otorgar seguridad a los inversores, distribuidores y demás agentes implicados en la cadena de valor.
Contratos con desarrolladores y diseñadores
La colaboración en el desarrollo de un videojuego implica la participación de múltiples profesionales, como programadores, diseñadores, músicos y guionistas. Para garantizar la correcta titularidad de los derechos de propiedad intelectual, es esencial formalizar contratos claros y detallados con cada uno de ellos.
Estos contratos deben incluir cláusulas de cesión de derechos, especificando que los derechos de autor de las obras creadas se transfieren al desarrollador principal o a la empresa productora. Además, es recomendable incluir acuerdos de confidencialidad para proteger secretos comerciales y cláusulas penales en caso de incumplimiento.
En situaciones donde se utilicen obras de terceros, como música licenciada o software de terceros, es imprescindible contar con los acuerdos de licencia correspondientes que definan las condiciones de uso y eviten posibles conflictos legales.
Una herramienta adicional para proteger el software del videojuego es el contrato de escrow, mediante el cual el desarrollador entrega una copia del código fuente a una tercera parte confiable. Este mecanismo garantiza la continuidad del negocio en caso de que la empresa titular de los derechos desaparezca del mercado.

Claudia Somovilla Ruiz es abogada especialista en derecho digital, propiedad intelectual y protección de datos.
Graduada en Derecho por la Universidad de Deusto, continúa su formación con un máster en derecho digital y nuevas tecnologías en UNIR. Asesora en comercio electrónico, marketing digital y privacidad, aplicando un enfoque proactivo y orientado a ofrecer garantías legales sólidas a sus clientes.






