El cartel de las consultoras

El cartel de las consultoras

Un cártel es un acuerdo entre varias empresas del mismo sector para no competir entre ellas y generar acuerdos que tengan por objeto la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta.

Esta práctica anticompetitiva habría sido la llevada a cabo por alrededor de veintidós consultoras en España durante los últimos diez años. Entre ellas estacan algunas de las mejores consultoras, Deloitte, en primer lugar con la sanción de mayor cuantía (670.000 euros), tras ella, PwC, KPMG, Indra, IDOM, BMASI, Altia, CDI, Gestiona XXI, Red2Red, Uliker, Abay, Hidria, Regio Plus (+ CPC), 97S&F, Factor Ideas, PA o GAPS, etc.

La existencia de este cartel fue descubierto por la Autoridad Vasca de Competencia tras realizar varias inspecciones sobre dichas compañías, fue entonces cuando remitieron este asunto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNCM).

De la investigación realizada por la CNMC se ha acreditado que las empresas crearon dos redes de colaboración en dos carteles diferenciados, mediante los cuales intercambiaban información comercial sensible para no competir en las licitaciones y ofrecer los servicios de consultaría solicitados por distintas administraciones publicas.

El modus operandi de estas consultoras se basaba en las llamadas “ofertas de cobertura”. Las administraciones invitaban a un grupo reducido de consultoras para que presentasen sus ofertas en competencia, normalmente se trataba de contratos negociados sin publicidad, es decir, no eran conocidos por las consultas que no habían sido “invitadas”.

Las consultoras a través de las relaciones personales y profesionales de algunos de los directivos facilitaron el funcionamiento de estas redes, entre ellos se solicitaban asistencia y colaboración para manipular los contratos públicos. De esta forma, una de las consultoras invitada a participar en el concurso contactaba con la otra empresa perteneciente al cártel y que conocía que también participaba para solicitar que presentara una oferta perdedora o que declinara la invitación para participar en el proceso.

Según el expediente sancionador, las empresas investigadas habrían presentado ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones entre los años 2009 y 2018. Para ello, la CNMC ha analizado más de 200 contratos públicos celebrados durante esos diez años.

La CNMC ha descubierto que, en ocasiones, la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación.

Se ha de tener en cuenta que, los acuerdos entre los competidores constituyen una infracción muy grave de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Competencia desleal (LCD) y del artículo 101 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Estos pactos pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

Asimismo, cabe destacar que el funcionamiento de dichos carteles ha supuesto la elevación de los precios que pagaba la administración por servicios de consultoría, se limitase el incentivo a la mejora en la calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación.

Por consiguiente, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por un total de más de 6 millones de euros. No obstante, la CNMC cuenta con programas que permiten a las empresas que forman parte del cártel y que colaboran con la CNMC aportando información relevante a la investigación, reducir las multas e, incluso, aquellas empresas que han solicitado clemencia quedan exentas de la prohibición de contratar.

La solicitud de clemencia fue introducida como novedad en la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Es muy importante para las empresas la diligencia a la hora de presentar sus solicitudes de clemencia, puesto que la exención en el pago de la multa se concede sólo a la primera empresa. A las que se acojan en segundo lugar y sucesivos disfrutarán de reducciones cada vez menores de la multa.

En definitiva, la creación del cartel de las consultoras ha puesto un impacto en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos.