Inteligencia artificial y deber de diligencia: el riesgo procesal de apoyarse en contenido ficticio

Inteligencia artificial y deber de diligencia: el riesgo procesal de apoyarse en contenido ficticio

La inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta útil para abogados, consultores y departamentos jurídicos: ayuda a ordenar ideas, resumir documentos, preparar primeros borradores y detectar líneas argumentales. Sin embargo, su uso en contextos profesionales —y especialmente procesales— plantea un riesgo evidente: que el profesional incorpore a un escrito contenido aparentemente verosímil, pero falso. La llamada «alucinación» de la IA no es un error menor cuando afecta a fuentes legales, jurisprudencia, doctrina o hechos relevantes. Puede comprometer la credibilidad del profesional, perjudicar al cliente y derivar en sanciones procesales o disciplinarias.

Casos reales de sanciones por citar fuentes o jurisprudencia inventada por la IA

El caso paradigmático es Mata v. Avianca, resuelto en 2023 por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Los abogados de la parte demandante presentaron un escrito que incluía resoluciones judiciales inexistentes generadas por ChatGPT. El tribunal impuso una sanción de 5.000 dólares y subrayó que el problema no era usar IA, sino no verificar las autoridades citadas antes de presentarlas ante el juzgado.

Desde entonces, los tribunales han mostrado una tolerancia decreciente ante este tipo de errores. En febrero de 2025, un tribunal federal sancionó a tres abogados de Morgan & Morgan por incluir casos falsos generados por IA en escritos procesales. La reacción judicial confirma una tendencia: el uso de IA no desplaza el deber profesional de revisión, sino que lo refuerza.

También en Canadá se han producido incidentes relevantes. En Zhang v. Chen, 2024 BCSC 285, una abogada fue condenada a asumir ciertos costes de la parte contraria tras incluir dos casos inexistentes en un procedimiento de familia. El tribunal no consideró acreditada una intención fraudulenta, pero sí apreció un incumplimiento del estándar mínimo de diligencia exigible.

España tampoco es ajena a este fenómeno. En marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra advirtió que el uso fraudulento o descuidado de IA puede ser sancionable por mala fe procesal, aunque archivó el expediente frente a una abogada que había citado jurisprudencia inventada al valorar su rápida disculpa y la ausencia de mala intención. En Canarias, se informó de una multa de 420 euros a un abogado que incorporó 48 sentencias falsas generadas por IA en un recurso, con remisión del caso al Colegio de Abogados para valorar responsabilidades disciplinarias.

Qué verificar antes de usar contenido generado por IA en un contexto profesional

La primera regla es sencilla: ninguna cita jurídica debe incorporarse sin verificación independiente. Si la IA propone una sentencia, debe comprobarse en una base oficial o fiable —por ejemplo, CENDOJ, BOE, EUR-Lex, Curia, bases de datos jurídicas profesionales o repositorios judiciales oficiales— que la resolución existe, que el número de procedimiento es correcto, que el tribunal coincide y que el fragmento citado refleja realmente la doctrina aplicable.

La segunda comprobación afecta al contexto. Una sentencia real puede estar mal interpretada, haber sido revocada, referirse a una jurisdicción distinta o no ser trasladable al caso concreto. La IA puede mezclar jurisdicciones, traducir conceptos de forma inexacta o presentar como doctrina consolidada lo que es un pronunciamiento aislado.

La tercera verificación debe centrarse en los hechos y datos. Fechas, nombres de normas, importes, plazos procesales, autoridades competentes y referencias documentales deben revisarse manualmente. En ámbitos regulados —protección de datos, consumo, competencia, propiedad intelectual, publicidad, financiero o sanitario— el riesgo aumenta porque una afirmación errónea puede tener consecuencias regulatorias o contractuales.

Además, debe evitarse trasladar a una herramienta de IA información confidencial, datos personales o secretos empresariales sin una base jurídica, contractual y técnica adecuada. El deber de diligencia no solo exige verificar el resultado, sino también controlar qué información se introduce en el sistema.

Cómo documentar el uso de IA para reducir la exposición legal

La mejor defensa frente a un eventual reproche no es afirmar que «lo generó la IA», sino demostrar que existió supervisión humana efectiva. Para ello, es recomendable implantar un protocolo interno de uso de IA que incluya, al menos, tres capas.

Primero, un registro de uso: qué herramienta se utilizó, con qué finalidad, en qué fecha y para qué parte del trabajo. No es necesario conservar todos los prompts en cualquier escenario, pero sí documentar los usos relevantes cuando afecten a escritos procesales, informes jurídicos, dictámenes o entregables profesionales.

Segundo, una trazabilidad de verificación: guardar enlaces, capturas, identificadores de bases de datos o referencias oficiales que acrediten que las fuentes citadas fueron comprobadas. En escritos judiciales, conviene revisar cada cita antes de la presentación final y dejar constancia interna de esa revisión.

Tercero, una política de aprobación: el contenido generado por IA no debería pasar directamente al cliente, al juzgado o a una autoridad administrativa sin revisión de un profesional responsable. La IA puede participar en la fase de borrador, pero la decisión jurídica, la selección de fuentes y la validación final deben seguir siendo humanas.

En definitiva, la IA no elimina el deber de diligencia: lo transforma. Usarla de forma responsable puede mejorar la eficiencia; usarla sin control puede convertir un escrito aparentemente sólido en una fuente de responsabilidad profesional. La clave no está en prohibir la IA, sino en tratarla como lo que es: una herramienta auxiliar, no una fuente de autoridad.