La Ley de Servicios Digitales

La Ley de Servicios Digitales

Grandes plataformas como Amazon, Google o Facebook gozan de una posición dominante en el mercado, cuentan con una ventaja desproporcionada con respecto a sus competidores y se han beneficiado durante mucho tiempo de la ausencia de normas o reglas que regulen su actuación en el mundo digital. 

Por ello, la Ley de Servicios Digitales (en adelante, la “LSD”) se centra en crear un entorno digital más seguro para todas las empresas intervinientes, así como para los usuarios, a través de la protección de los derechos fundamentales online.

Alcance y objetivos de la Ley de Servicios Digitales

La LSD entró en vigor el pasado 16 de noviembre de 2022 y será directamente aplicable a toda la Unión Europea el 17 de febrero de 2024. 

No obstante, grandes plataformas, como las mencionadas en el párrafo introductorio del presente artículo, tendrán que cumplir sus obligaciones en virtud de la nueva legislación con carácter previo a la citada fecha y, como máximo, cuatro meses después de que la Comisión Europea los designe. 

En este sentido, la Comisión Europea designó al primer grupo de grandes plataformas (aquellas que tienen 45 millones de usuarios activos mensuales o más) el pasado 25 de abril de 2023, debiendo estas plataformas cumplir las obligaciones previstas en la LSD antes de la fecha prevista y fijada para el próximo 17 de febrero de 2024. 

El objetivo principal de la LSD es el de modernizar la directiva sobre el comercio electrónico en lo referente a contenidos ilegales, la desinformación y la publicidad, así como crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios y se establezcan unas condiciones de competencia equitativas para todos los players del mercado. 

Concretamente, esta nueva Ley está enfocada en regular la actuación de las plataformas online (medios sociales y mercados online) y los motores de búsqueda online. 

Transparencia y responsabilidad en las plataformas digitales

Algunas de las nuevas obligaciones que esta ley impone a las plataformas afectadas incluye obligaciones de transparencia y responsabilidad que implicarían revelar cómo funcionan sus algoritmos para las recomendaciones, cómo se toman las decisiones para eliminar contenido o la forma en que los anunciantes se dirigen a los usuarios. 

Además, las plataformas deberán velar por que:

• Sus evaluaciones de riesgos y su cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la LSD sean objeto de una auditoría externa e independiente.
• Los investigadores puedan tener acceso a los datos que sean públicos.
• Contar con un repositorio en el que se publiquen todos los anuncios utilizados en su interfaz.
• Publicar informes de transparencia sobre las decisiones de moderación de contenidos y la gestión de riesgos. 

Protección de los derechos los usuarios en el entorno digital

Los usuarios tendrán derecho a:

• Recibir información clara sobre los motivos por los que se le recomienda determinada información.
• Darse de baja de los sistemas de recomendación que se creen con motivo de la elaboración de perfiles.
• Denunciar fácilmente contenidos ilícitos, estando obligadas las plataformas a tramitar sus denuncias con rigor y diligencia.
• Recibir un resumen claro y fácilmente comprensible sobre las condiciones de uso de las plataformas.
• No recibir anuncios que se basen en datos sensibles como, por ejemplo, con motivo de su origen étnico, opinión política u orientación sexual. 

Medidas para combatir el contenido ilegal online

Las plataformas online y los motores de búsqueda tendrán la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para hacer frente a los riesgos vinculados a la difusión de contenidos ilícitos, a los efectos negativos de la libertad de expresión (velando por que los comentarios de sus usuarios no resulten ofensivos, denigrantes hacía otros usuarios, etc.) y de información. 

Asimismo, deberán disponer de mecanismos o medidas que sirvan para que los usuarios les alerten sobre la publicación o difusión de contenidos ilícitos dentro de la plataforma, debiendo actuar en consecuencia a la mayor brevedad. 

Igualmente, tendrán que detectar, analizar y evaluar cualquier riesgo sistémico que se derive del funcionamiento de su servicio y determinar y aplicar medidas de reducción, proporcionadas y efectivas, adaptadas a los riesgos definidos. 

Las nuevas tecnologías han revolucionado la comunicación, impulsando nuevas formas para llevarla a cabo, tanto en relaciones personales como empresariales. En este sentido, los cambios que afecten a cualquier tipo de relación, son objeto de una regulación específica. Teniendo en cuenta todo esto, es necesario contar con la experiencia de abogados en el sector del derecho digital que nos brinden la ayuda que necesitemos en cada momento.