El pasado 16 de octubre vio la luz el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios digitales, bautizada popularmente como la “Tasa Google”. La creación de este impuesto obedece a la propuesta de aprobación dentro de la Unión Europea de un sistema impositivo uniforme destinado a gravar los servicios que ofrecen las grandes empresas tecnológicas

¿Qué es la tasa Google y por qué se quiere aplicar?

La “Tasa Google”, nombre popular del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, con el que se pretende gravar con un 3% los ingresos generados por la prestación de servicios de publicidad digital, intermediación y cesión/venta de datos por parte de las grandes tecnológicas.

La razón de este nuevo impuesto ideado por la Comisión Europea es la lucha contra determinadas prácticas de elusión fiscal realizadas por grandes empresas dedicadas al sector de servicios digitales, conocidas como GAFA (acrónimo de Google, Apple, Facebook, Amazon).

Estas empresas GAFA aprovechan el marco impositivo y operativo de la Unión Europea para tributar en un único país del Espacio Económico Europeo por la integridad de los servicios y beneficios que generan de su actividad en la Unión Europea.

Mediante la “Tasa Google” se persigue una tributación real de las grandes tecnológicas en relación con determinados ámbitos de su actividad, gravando los beneficios reales generados por las GAFA en aquellos países en los que operan ofreciendo servicios de publicidad digital, plataformas de buscadores e intermediación B2C y por la venta o cesión de datos de sus usuarios.

En definitiva, la creación de este impuesto tiene como objetivo garantizar la adecuación y correlación entre la tributación por el valor añadido generado por la actividad de las GAFA y el estado en el que se genera.

Tasa Google en España y a nivel europeo

El próximo 16 de enero de 2021 entrará en vigor el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

En nuestro país, se ha configurado mediante la aplicación de un gravamen del 3% sobre los ingresos derivados de los servicios de publicidad digital, intermediación y cesión/transmisión de datos.

No todas las empresas con base tecnológica estarán obligadas al pago de este impuesto, siendo este impuesto aplicable sólo a aquellas empresas cuya cifra neta de negocio supere los 750 millones de euros en el año natural anterior (a nivel global) de los cuales, hayan generado más de 3 millones de sus ingresos a través de los servicios de publicidad, intermediación y/o cesión de datos.

Otros países de nuestro entorno como Francia y el Reino Unido han aprobado impuestos similares.

En el caso de Francia, en julio de 2019 promulgaron la conocida “Taxe GAFA” que reproduce la configuración del impuesto en línea con la propuesta de la Comisión Europea de regulación y armonización de la Tasa Digital.

No obstante, su aplicación quedó en suspenso en el país galo tras la represalia por parte de los Estados Unidos formalizada en el anuncio de la imposición de aranceles a las exportaciones sobre productos franceses, llegando a cifras de más de 2000 millones de euros sobre los mismos.

Reino Unido optó por regular su propia Tasa Digital a través de la “Diverted Profits Tax” o Impuesto sobre Beneficios Desviados.

El impuesto británico se fundamenta en que debe existir una relación lógica existente entre el volumen de ventas/beneficios generado por la tecnológica en un determinado país y los impuestos que paga en éste.

Por último, desde la Unión Europea no se ha descartado aun la armonización total de esta categoría de impuestos, anunciando el pasado 16 de octubre la presidenta de la Comisión Europea que de no alcanzarse un acuerdo a nivel impositivo en el marco de la OCDE o del G20, se lanzará desde la Unión Europea una propuesta unilateral, armonizada y conjunta a principios de 2021.

Principales opiniones al respecto

Más que opinión, la primera reacción a la “Tasa Google” provino del país origen de sus principales afectados: Estados Unidos.

En un afán proteccionista, la administración de la Casa Blanca viene anunciando desde los inicios del recorrido de estos impuestos, que como medida reactiva a la aprobación de la “Tasa Google” podrían imponérsele a aquellos países en los que sea aprobada, aranceles de hasta el 25% a las exportaciones a los Estados Unidos.

La Unión Europea en su posición de principal valedor de este impuesto, defiende la idea y la necesidad de abordar la regulación de un marco fiscal y tributario uniforme e internacional que se adapte a la nueva realidad de la economía digital, tanto entre los países miembros de la Unión Europea, como con el resto de los estados de la OCDE y el G20.

En línea con el planteamiento de la Unión Europea, discurre una línea de opinión que encuentra necesario la regulación impositiva y fiscal de los ingresos generados mediante la prestación de servicios digitales adecuada a la realidad económica detrás de los mismos.

Otras voces por el contrario, argumentan que la creación de estos tipos impositivos termina siendo inocua y que los esfuerzos fiscales y económicos en relación con la necesidad recaudatoria y regulatoria deberían centrarse en la atracción de inversión tecnológica y el fomento del emprendimiento, en vez de proponer reglas del juego únicamente por la vertiente recaudatoria.

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