Plataformas de financiación participativa: Crowdfunding

Plataformas de financiación participativa: Crowdfunding

¿Sabes qué son y cómo se regulan las plataformas de financiación participativa? Es indudable que nos encontramos ante una época caracterizada por el emprendimiento y la innovación. Habitualmente, una vez creada una idea disruptiva o un proyecto, son necesarias importantes sumas de dinero para llevarlos a cabo. Ante las dificultades de financiación de los emprendedores, ha surgido el sistema de Crowdfunding, otro desarrollo más generado a través de una comunidad pero, en este caso, con el fin de financiar los proyectos.

¿Qué son las plataformas de financiación participativa?

Las plataformas de financiación participativa (PFP) o Crowdfunding constituyen una lanzadera como método de financiación colectiva a través de la cual promotores de proyectos, mediante convocatoria abierta y pública, solicitan y reciben financiación de inversores particulares interesados en los mismos.

Los servicios básicos que ofrece una PFP como sistema de financiación de proyectos son la recepción, selección y publicación de estos. Asimismo, desarrollan, establecen y explotan canales de comunicación para facilitar la contratación financiera entre inversores y promotores.

Por otro lado, las PFP brindan una serie de servicios auxiliares, como son, entre otros, el asesoramiento a los promotores en relación la publicación del proyecto en la plataforma, en el área tecnológica, publicitaria y de diseño; el análisis de  los proyectos recibidos, determinando el nivel de riego que implican para los inversores y cualquier otra variable que resulte útil para su decisión de inversión; habilitan canales de comunicación entre promotores e inversores para que contacten directamente entre sí; facilitan modelos de contratos necesarios para la participación en los proyectos, y la plataforma suscribe y formaliza los contratos de préstamo e inversión, actuando en representación de los inversores; asimismo, ofrecen apoyo la reclamación judicial y extrajudicial de los derechos de crédito, actuando en representación de los inversores o en nombre propio si los inversores les ceden su derecho de crédito, lo cual, por el momento, no es muy habitual. No obstante lo anterior, una PFP no podrá en ningún caso ofrecer asesoramiento personalizado a los inversores.

Tipos de Crowfunding y su naturaleza jurídica

Existen varias clases de Crowdfunding:

Crowdfunding de recompensa, es reconocido como el primer modelo de micromecenazgo. En este sistema de financiación colectiva se ofrece un producto o servicio como contraprestación a la aportación que cada persona realiza al proyecto, y no una contraprestación de carácter económico. Se utiliza en los momentos iniciales del proyecto, cuando el emprendedor empieza a ejecutar su idea. Ha habido varios grupos musicales que han utilizado esta modalidad de micromecenazgo para grabar su primer disco o realizar una gira, a cambio de una entrada o copias de las maquetas cuando estas fueran grabadas.

Crowdfunding de donación, se trata también de un micromecenazgo para proyectos solidarios o de interés común, donde el receptor no percibe ningún beneficio tangible, como el que fue lanzado tras el terremoto ocurrido en Nepal.

Equity Crowdfunding: el crowdfunding de inversión tiene lugar una vez validado el proyecto, cuando con este ya se obtienen beneficios. La inversión por parte de los conocidos como Business Angels se realiza a cambio de participaciones en la sociedad que ha promovido el proyecto. Se trata de una nuevo método de financiación alternativa para empresas, configurándose como una forma de repartir el riesgo y de hacer accesible el capital a aportar a muchos socios. Los inversores consiguen una participación en el capital de la empresa con un retorno a través de beneficios, rentas, acciones o participaciones de la firma.

Crowdlending: en el crowdfunding de préstamo los prestamistas prestan dinero -a través de la PFP como intermediaria- a los prestatarios, particulares o empresas, a cambio de un tipo de interés mensual. Es un modelo innovador que permite financiarse por la comunidad financiera, sin acudir a los servicios de un banco u otra entidad financiera tradicional. Existen otras formas de denominarlo, como son P2P Lending o préstamos entre particulares.

¿Cómo se regulan las plataformas de financiación participativa?

Las PFP se rigen principalmente por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, y establece que una PFP deberá tratarse de una empresa (sociedad de capital) autorizada, con reserva de actividad, un capital mínimo de 60.000 Euros y que incluya en su denominación el término “PFP”. Su objeto debe ser poner en contacto de manera profesional, mediante una página web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de emprendedores e inversores que buscan financiación para lanzar su proyecto, los primeros, y rendimiento dinerario, los segundos.

Los tipos de financiación participativa que regula esta Ley son únicamente los de Equity y Lending, excluyendo actividades de donación, ventas de bienes y servicios (recompensas), o préstamos sin intereses. Este tipo de Crowdfunding no requiere autorización alguna.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que una PFP no puede ser de varios tipos, sino que se deberá constituir una por cada tipo de proyecto a llevar a cabo, con el fin de evitar la confusión en los inversores. Los promotores deben destinar la financiación a un proyecto claro (y propio), aportando información a los inversores sobre datos concretos de rentabilidad, una hoja de ruta sobre el plan de negocio y el modo de retorno para los inversores que apuesten por dicho proyecto.

Existen dos tipos de inversores: acreditados, que son los clientes profesionales, empresas y personas físicas que acrediten estabilidad económica y, en el caso de estas últimas, que soliciten el tratamiento de “inversor acreditado”, PYMES que lo pidan expresamente, y personas físicas que acrediten contar con asesoramiento financiero en una Empresa de Servicios de Inversión (ESI). El resto, se consideran inversores no acreditados. La diferencia es que se establecen diferentes límites en las cuantías económicas para la inversión en proyectos.

Adicionalmente, una PFP debe establecer su domicilio en territorio nacional o dentro de la Unión Europea, debe contar con una buena organización administrativa y contable con procedimientos de control internos adecuados, una política firme sobre conflicto de intereses, así como disponer de medios que garanticen la seguridad, confidencialidad y capacidad del servicio prestado a través de medios electrónicos.

Letslaw

En Letslaw elaboramos notas legales sobre todos los aspectos a tener en cuenta para lanzar una PFP en España, realizando un estudio y análisis jurídico exhaustivos sobre el caso concreto y estableciendo todos los requerimientos legales. Una vez llevada a cabo esta fase inicial, asesoramos y acompañamos a los emprendedores en la fase de ejecución, con el fin de que el lanzamiento de la PFP sea acorde con el marco legal vigente y suponga un éxito para el proyecto.