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El Gobierno modifica la Ley de propiedad intelectual

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El Gobierno modifica la Ley de propiedad intelectual

El Gobierno modifica la Ley de propiedad intelectual incluyendo unos cambios que, entre otros, permitirán la vuelta de Google News.

El pasado 3 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, por el que se transpusieron al ordenamiento jurídico español, entre otras, la Directiva (UE) 2019/789 por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión y por la que se modifica la Directiva 98/83/CEE, y la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, la llamada “Directiva Copyright”.

Al margen de otras modificaciones relevantes que, por motivos de espacio y extensión, tendremos ocasión de abordar en posteriores entradas (minería de textos y datos, la regulación del pastiche y su asimilación a los memes, el límite para la conservación del patrimonio cultural, etc.), en este artículo nos vamos a centrar en dos de las que más ruido han generado en los últimos meses:

  1. La modificación del canon AEDE o tasa Google.
  2. El uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea.

Los medios podrán negociar directamente con Google la explotación de sus contenidos

Con la nueva regulación, las empresas informativas y las agencias de noticias podrán negociar de manera independiente con las grandes tecnológicas como Google y Facebook una remuneración por la difusión de sus contenidos en línea siempre que estas obtengan una autorización previa y el acuerdo entre las dos partes se haga conforme a las reglas de la “buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación”.

Una modificación clave que permite la vuelta de Google News

De este modo, se elimina la compensación equitativa (irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria) que se preveía a favor de los editores y otros titulares de derechos, cuando los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos ponían a disposición del público fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web.

Esta compensación obligatoria a favor de los editores fue la causa por la que Google retirara de España, en diciembre de 2014, su servicio Google News, tras su negativa a querer pagar por este concepto. Con la nueva modificación, se prevé que Google News vuelva a España a principios de 2022.

El que se haya eliminado la compensación obligatoria no quiere decir que Google no deba pedir autorización a los editores de prensa para reestablecer Google News; ni que, automáticamente, no deba pagar por la agregación de estos contenidos. Con la nueva modificación, estos prestadores de servicios en línea deberán obtener autorización por parte de los editores de prensa cuando ponen a disposición del público textos o fragmentos de textos de sus publicaciones.

Principales respuestas a esta modificación

El principal problema que se puede plantear en la práctica es que esta autorización, aunque está sujeta a ciertas formalidades, no tiene que ser concedida necesariamente por las entidades de gestión (CEDRO, por ejemplo). Las editoriales de prensa podrán concederlas a los prestadores de servicios, bien mediante licencias individuales, bien a través de acuerdos colectivos.

El hecho de que los editores de prensa tengan ahora que negociar con los prestadores de servicios en línea (y, en especial, con Google) y no tengan derecho, por ley, a una compensación obligatoria por el uso de sus publicaciones, puede ser visto como una oportunidad para los editores más grandes (cuya capacidad de negociación con los prestadores será mayor).

En contrapartida, puede suponer una desventaja para los editores más pequeños, con menor capacidad de negociación, que dejan de estar protegidos por la gestión colectiva obligatoria de las entidades de gestión.

No obstante, el legislador restringe la aplicabilidad de este nuevo derecho de los editores de prensa a una serie de casos, excluyendo expresamente los actos del hiperenlace y el uso de palabras sueltas.

De este modo, cuando los prestadores de servicios faciliten al público motores de búsqueda de palabras aisladas, no precisarán de la autorización de los editores de prensa cuando dicha facilitación:

  1. Se produzca sin finalidad comercial propia.
  2. Se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador.
  3. Incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

Por último, con el objetivo de proteger a los autores partícipes en publicaciones de prensa (por ejemplo, los periodistas que han redactado los artículos), la nueva regulación establece que estos deberán recibir una parte adecuada de los ingresos que perciban los editores con motivo del uso de sus publicaciones por los prestadores de servicios en línea, pudiendo encomendar la gestión de este derecho a las entidades de gestión colectiva.

Plataformas digitales, las responsables de eliminar contenidos sensibles y nocivos

El ya tan célebre artículo 17 de la Directiva Copyright se transpone en España a través del artículo 73 del Real Decreto-ley.

De acuerdo con la nueva regulación, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea (por ejemplo, YouTube) realizan un acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público cada vez que alguno de sus usuarios sube contenidos a su plataforma. Por lo tanto, deben contar con la autorización de los titulares de los derechos afectados.

En defecto de dicha autorización, los prestadores de servicios serán responsables de los actos de comunicación al público o de puesta a disposición del público a menos que demuestren que:

  1. Hayan hecho sus mayores esfuerzos por obtener una autorización.
  2. Hayan hecho sus mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de las obras y prestaciones respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria.
  3. Hayan actuado de modo expeditivo tras recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos, para inhabilitar el acceso dichos contenidos, y hayan hecho sus mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro.

Por otro lado, nuestro legislador da solución a una cuestión que había generado cierto debate, en relación con el uso de la inteligencia artificial para decidir sobre la inhabilitación o retirada de contenidos de la plataforma. En particular, la decisión sobre una solicitud de inhabilitación o retirada de contenidos por parte de los titulares de derechos deberá adoptarse por parte de personas.

Además, se introduce en España una novedad respecto de los contenidos en directo (streaming). En concreto, los prestadores de servicios en línea deberán inhabilitar el acceso a dichos contenidos o retirarlos de su plataforma mientras el evento se retransmite en directo. En la práctica, esto supone que las plataformas deberán inhabilitar ese contenido de manera casi inmediata, mientras se retransmite, a riesgo de ser responsables de infracción, mientras que los streamers podrán ver interrumpidos sus directos tan pronto suene, por ejemplo, una música protegida por derechos de autor utilizada sin autorización.

La nueva regulación plantea numerosos interrogantes, por lo que se deberá prestar especial atención a su aplicación práctica en el futuro.

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